"Convocamos el día 21 de mayo de 11.30 a 12.30 h. concentraciones ante la puerta de los Juzgados de Cartagena, en edificio C/Angel Bruna y el día 22 de mayo a igual hora en Murcia y en todos los centros de trabajo de toda España".
CCOO, junto con los Sindicatos de la Plataforma Unitaria de la Administración de Justicia convocan las movilizaciones.
La profundidad de las reformas que ha emprendido el Gobierno solo pueden tener una respuesta: la movilización permanente y contundente contra el desmantelamiento de la Administración de JusticiaTras la eliminación del derecho a la tutela judicial efectiva que Gallardón aprobó mediante la publicación de la ley de tasas judiciales y su propuesta de entregar a los registradores los registros civiles, ahora, en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 3 de mayo, el Gobierno de Rajoy ha aprobado el anteproyecto de reforma de la LE Civil que consagra la privatización de los actos de comunicación y de los embargos convirtiendo a los procuradores en agentes de la autoridad, lo que conllevará, además de un nuevo paso en el desmantelamiento de la Administración de Justicia como servicio público, la eliminación de miles de puestos de trabajo, comprometiendo la imparcialidad en la práctica de estas diligencias, ya que el procurador es el representante de los actores en los procesos judiciales.
Además, y si esto fuera poco, el Registro Civil también quiere someterlo a este proceso privatizador, encomendando su llevanza a los Registradores de la Propiedad.
Este cúmulo de medidas privatizadoras va a tener un efecto demoledor en la ciudadanía, que pese al incremento de impuestos que venimos sufriendo, van a tener que pagar doblemente por los servicios que el Estado venía prestando de forma gratuita, encareciéndose el servicio público de la Justicia, siendo accesible solamente a los que más dinero tienen.
Asimismo, el efecto que va a tener en el empleo público en los distintos juzgados va a ser también demoledor. La disminución de los puestos de trabajo en los Juzgados, cuando no la supresión directa de puestos, va a suponer la reordenación de miles de personas que van a tener que desplazarse. Si los Servicios Públicos se dejan sin contenido, seremos los ciudadanos los que tengamos que pagar a los prefesionales para realizar las actuaciones que hasta ahora se venían prestando por los Empleados y Empleadas Públicos.
Los trabajadores y las trabajadoras no podemos permanecer impasibles e inmóviles ante lo que pretende el Gobierno: convertir el servicio público de la Justicia en un coto privado donde profesionales al servicio del poder reciben las prebendas que Gallardón y Rajoy les regalan a cambio del servilismo hacia sus decisiones.No podemos pasar por alto las declaraciones vergonzantes del Presidente del Consejo General de Procuradores que no ha tenido recato en no ocultar su satisfacción con la medida del Gobierno y ha declarado sin vergüenza:
"¿Por qué los ciudadanos deben pagar por los caprichos de particulares? (…). La Justicia no tiene que ser gratuita siempre, esa es una idea muy bonita, pero que no ocurre en ningún país del mundo, es una falacia" y continúa, "la principal ventaja de esta reforma será que el ciudadano que haya ganado un proceso judicial podrá lograr que se ejecute en días lo que hasta ahora suponía una espera de meses""No podemos dejar de mostrar nuestro agradecimiento al ministerio de Justicia ya que sin su apoyo incondicional nuestros objetivos no se habrían cumplido"
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
NO A LA DESAPARICIÓN DE MILES DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
